Los ingenios invierten para eliminar la vinaza

Está en pleno desarrollo el Plan de Prevención de la Contaminación de la cuenca del Río Salí, que incluye a 10 ingenios. Existen varios métodos de disposición final.

Entre el 13 y 14 de septiembre, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan José Mussi, junto con funcionarios y técnicos santiagueños y tucumanos, recorrió ingenios tucumanos, tras lo cual expresó su satisfacción por el estado de las obras realizadas dentro del plan de Prevención de la Contaminación con Vinaza de origen industrial en la cuenca del Río Salí.

En diálogo con LA GACETA, el ingeniero Eugenio Quaia, coordinador del proyecto Estudios Ambientales de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) de Tucumán repasa la situación respecto de la vinaza y evalúa algunas alternativas para su tratamiento.

APROVECHAMIENTO. El riego de la vinaza en los campos es uno de los destinos que puede tener el desecho.  

- ¿Cuál es el cuadro de situación provincial respecto de la vinaza? 

- La vinaza es un líquido derivado de la destilación del vino, resultante de la fermentación de jugos o mieles de caña de azúcar. Se trata de un líquido de pH ácido, con alto contenido de materia orgánica, que si no se trata adecuadamente, se convierte en contaminante. Por tal razón, con el fin de evitar la contaminación de la Cuenca del Río Salí, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, firmó un acuerdo con representantes de 10 ingenios azucareros para la prevención de la contaminación de origen industrial en el Embalse de Río Hondo.

- La aplicación en surco de vinaza diluida es de baja eficiencia.

- Es por la superficie necesaria para su distribución. Es un sistema de fácil implementación y bajo costo; esta práctica fue realizada durante los últimos 15 años en diferentes campos cañeros.

- La aplicación por aspersión de vinaza pura se hace desde 2011.

- El manejo con un equipo aspersor es muy utilizada en Brasil. Esta metodología facilita el control de las cantidades a aplicar, es más simple y económica que la distribución con camiones regantes.

- ¿Hay ensayos con compostaje?
- Es un proceso aeróbico en el que la materia orgánica se descompone por acción de microorganismos; es económica e implica costos de transporte, pero requiere de grandes superficies. En la agroindustria sucroalcoholera se utilizan residuos orgánicos (cachaza, ceniza de lavado de chimenea, bagazo) en mezclas con hasta un 30% de vinaza. También se puede agregar vinaza concentrada. Esta variante ha sido aplicada con éxito en Colombia, Brasil y el Norte argentino (Tabacal y San Isidro); en Tucumán hay empresas que han comenzado con resultados alentadores.

Publicado en La Gaceta - Tucumán - Argentina el 21/09/2012

Decreto 1638/2012, Tipos de Seguros Ambientales a Contratar, Creación de la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales

Decreto 1638/2012 - POLITICA AMBIENTAL

Créase la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales. Establécense tipos
de seguros a contratar. Derogaciones. Mantiene vigencia.

Bs. As., 6/9/2012

VISTO el artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL, la Ley Nº 25.675, el Decreto Nº 481 del 5 de marzo de 2003, las Resoluciones Conjuntas Nros. 178 y 12 del 19 de febrero de 2007 y Nros. 1973 y 98 del 6 de diciembre de 2007, ambas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE FINANZAS del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION —actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS— respectivamente, las Resoluciones Nros. 177 del 19 de febrero de 2007, 303 del 9 de marzo de 2007, 1639 del 31 de octubre de 2007, 1398 del 8 de septiembre de 2008 y 481 del 12 de abril de 2011, todas ellas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución Nº 35.168 del 15 de junio de 2010 de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y, 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

Que, asimismo, establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley, y que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Que la Ley Nº 25.675 dispone en su artículo 28 que el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. 

Que ante la ocurrencia de siniestros que generen daños ambientales de incidencia colectiva, el legislador ha considerado al seguro como una respuesta adecuada para hacer frente a dichos eventos dañosos. 

Que en aquel sentido, la Ley Nº 25.675 en su artículo 22 dispone que: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”. 

Que de este modo, el seguro ambiental previsto por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 tiene por objeto garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que establecen el artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL y los artículos 27 a 33 de la Ley Nº 25.675. 

Que en dicho marco, a través de las resoluciones mencionadas en el VISTO, la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, la SECRETARIA DE FINANZAS y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, en el ámbito de sus competencias, han establecido diversas normas relacionadas con la “Póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”. 

Que mediante la Resolución Nº 1398/08, la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE definió el “Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente” como la suma que asegura la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido por un siniestro contaminante. 

Que, en otro orden de ideas, se estableció el Nivel de Complejidad Ambiental a los fines de determinar aquellas actividades riesgosas susceptibles de ser aseguradas en el marco del artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 

Que la experiencia recogida permite determinar los presupuestos mínimos en materia de seguros ambientales a los fines de garantizar el financiamiento de la recomposición ambiental, precisando las modalidades de aseguramiento que, respetando la técnica, amparen el bien jurídico tutelado así como los presupuestos rectores que deberán seguirse en la determinación y delimitación del riesgo. 

Que resulta necesario crear, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la COMISION TECNICA DE EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES, como organismo de asesoramiento y asistencia técnica en materia de riesgos ambientales, integrada por la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 

NACION. 

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 1° — Establécese que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675, se podrán contratar DOS (2) tipos de seguros:  a) Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. b) Seguro de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. 

Art. 2° — La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION deberá elaborar planes de seguros para brindar cobertura a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675, los cuales se regirán, únicamente, por las condiciones de carácter general y uniforme que establezca la misma, conforme los siguientes lineamientos: 

a) Las coberturas tendrán exclusivamente por objeto garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva causado en forma accidental, independientemente de que se manifieste en forma súbita o gradual; salvo que la recomposición no sea técnicamente factible, en cuyo caso deberá preverse la indemnización sustitutiva conforme lo establecido por el artículo 28 de la Ley Nº 25.675. 

b) A los efectos de la cobertura se considera configurado el daño ambiental de incidencia colectiva cuando éste implique un riesgo inaceptable para la salud humana, o la destrucción de un recurso natural o su deterioro abusivo. 

c) En el Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, la causa que diera origen a la configuración del siniestro deberá ocurrir durante la vigencia de la póliza.  

d) En el Seguro de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, solamente se considerarán cubiertos los daños cuya primera manifestación o descubrimiento se produzca durante la vigencia de la póliza, y se notifique fehacientemente al asegurador durante su vigencia o en el período extendido de reclamo que, como mínimo, deberá ser  de TRES (3) años a contar desde el final de la vigencia de la póliza. No podrán autorizarse franquicias que excedan el DIEZ POR CIENTO (10%) de la 

suma asegurada. En caso de siniestro, dicho descubierto será abonado por el asegurador pudiendo repetir contra el titular de la actividad riesgosa asegurada. 

e) En ambos tipos de seguros sólo deberán incluirse aquellas cláusulas limitativas del riesgo que, conforme la técnica asegurativa, resulten imprescindibles según la naturaleza del riesgo.  

f) En caso de rescisión de los contratos, cualquiera fuere su causa, deberá ser fehacientemente notificada de manera previa por el asegurador a la autoridad ambiental competente con TREINTA (30) días de anticipación. 

Art. 3° — Serán sujetos del contrato de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: el asegurador; el titular de la actividad riesgosa y el Estado Nacional, Provincial o Municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismo interjurisdiccional, según corresponda de acuerdo a la titularidad del bien afectado. El titular de la actividad riesgosa es el tomador.  Serán partes del contrato de Seguro de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva: el asegurador y el titular de la actividad riesgosa. El titular de la actividad riesgosa revestirá la calidad de asegurado. El Estado Nacional, Provincial o Municipal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismo interjurisdiccional, según corresponda de acuerdo a la titularidad del bien afectado, será considerado tercero con exclusivo derecho de reclamo. 

Art. 4° — Las aseguradoras no podrán otorgar los seguros previstos en el presente decreto a personas con las cuales se encuentren vinculadas o sobre las que ejerzan el control; o cuando la persona obligada a la contratación del seguro sea controlante de la aseguradora o perteneciente al mismo grupo económico. Se considerarán controladas a aquellas personas jurídicas, en las cuales otra persona física o jurídica, en forma directa o indirecta:  

a) Posea una participación que, por cualquier título, otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las asambleas; 

b) Ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes, poseídas a título personal o por interpósita persona, o por los especiales vínculos existentes entre las personas físicas y jurídicas involucradas; 

c) Ejerza una influencia dominante generada por una subordinación técnica, económica o administrativa; y 

d) Aquellas entidades con las cuales la aseguradora o sus accionistas posean directores comunes, extensivo a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Se considerarán vinculadas a aquellas personas físicas o jurídicas, en las que una participe en más del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital de la otra. 

Asimismo, y a los fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, se tendrá en cuenta:  

1) El agrupamiento de entes integrantes de un conjunto económico, no obstante la existencia de patrimonios jurídicamente distintos. 

2) La dependencia jerarquizada de las sociedades agrupadas, realizadas a través de diversas técnicas de control. 

3) El carácter financiero-patrimonial del vínculo que une a las personas físicas o jurídicas. 

En ningún caso, la autoridad ambiental competente admitirá las pólizas de seguro de las personas que se encuentren alcanzadas por las previsiones del presente artículo. La prohibición no será de aplicación cuando la relación de control o la vinculación entre el asegurado y la aseguradora exista por la participación del Estado en ellas, sus controladas o vinculadas. 

Art. 5° — Quedará a cargo de la aseguradora, de acuerdo a los criterios de evaluación que se prevean, la determinación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMA) que avale la entidad suficiente de la cobertura requerida por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675. Asimismo, conforme se establezca, el asegurador deberá realizar un estudio de la Situación Ambiental Inicial (SAI) a fin de relevar el riesgo y detectar daños preexistentes.

La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá ser conservada por la aseguradora por el plazo de DIEZ (10) años. 

Art. 6° — El titular de la actividad riesgosa asegurada deberá presentar, con carácter de declaración jurada, ante la autoridad competente, el estudio de la Situación Ambiental Inicial (SAI), la póliza de seguro y los demás requisitos que determine la reglamentación. El estudio de la Situación Ambiental Inicial (SAI) estará integrado por todos los antecedentes, procedimientos y cálculos utilizados para la determinación del riesgo 

conforme los niveles de complejidad ambiental y el Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMA). En caso de disidencia sobre la Situación Ambiental Inicial (SAI), se abrirá un incidente a fin de establecer aquélla. 

Art. 7° — El titular de la actividad riesgosa comunicará en forma fehaciente al asegurador en un plazo no mayor de TRES (3) días corridos de su conocimiento y a la autoridad ambiental competente hasta el día hábil subsiguiente, la primera manifestación o descubrimiento que pudiere dar lugar a un daño ambiental de incidencia colectiva. El asegurador hará las verificaciones a través del personal y medios que disponga al efecto, debiendo remitir a la autoridad ambiental competente las conclusiones a las que arribe. La autoridad ambiental competente intimará al generador del daño para que presente un Plan de Recomposición que contenga expresa indicación y detalle de las tareas a llevarse a cabo, los plazos y todo otro elemento de información que corresponda. Las tareas de recomposición serán autorizadas por la autoridad ambiental competente, atendiendo a lo establecido por la normativa vigente y el tipo de materiales y sitio que correspondiera tratar. Una vez autorizadas las tareas de recomposición, el asegurador hará efectivas las sumas de dinero necesarias para solventadas; en caso de que la recomposición no sea técnicamente posible, deberá abonar la indemnización sustitutiva conforme los límites del contrato de seguro. 

Art. 8° — Se consideran actividades riesgosas para el ambiente, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 25.675, aquellas actividades listadas en el Anexo I (Actividades Riesgosas), que verifiquen los niveles de complejidad ambiental identificados como categorías 2 ó 3 del Anexo II (Fórmula Polinómica y categorización de industrias y actividades de servicio según su nivel de complejidad ambiental), establecidos en la Resolución Nº 177/07 de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y sus modificatorias. 

Art. 9° — Créase en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la COMISION TECNICA DE EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES, como organismo de asesoramiento y asistencia técnica en materia de riesgos ambientales, que tendrá a su cargo las acciones establecidas en el Anexo I del presente decreto, y estará integrada por TRES (3) miembros designados por el Jefe de Gabinete de Ministros, correspondiendo al menos UNO (1) a la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y UNO (1) a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION.

Art. 10. — Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros a establecer y revisar periódicamente los rubros comprendidos en el listado de actividades riesgosas y la categorización de industrias y actividades de servicio según sus Niveles de Complejidad Ambiental y el Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMA), dictando al respecto las normas correspondientes, pudiendo delegar dichas atribuciones. 

Art. 11. — Deróganse las Resoluciones Conjuntas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de la SECRETARIA DE FINANZAS del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Nros. 178 y 12 respectivamente, del 19 de febrero de 2007, y Nros. 1973 y 98 respectivamente, del 6 de diciembre de 2007, la Resolución Nº 35.168 del 15 de junio de 2010 de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y toda otra norma que se oponga a lo establecido en el presente decreto. Hasta tanto se dicte la normativa establecida en el artículo 10 del presente decreto, mantiénese la vigencia de los Anexos de las Resoluciones Nros. 177 del 19 de febrero de 2007, y sus modificatorias, 303 del 9 de marzo de 2007, 1639 del 31 de octubre de 2007, 1398 del 8 de septiembre de 2008 y 481 del 12 de abril de 2011 todas ellas de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

Art. 12. — Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para la ejecución del presente decreto. 

Art. 13. — Las pólizas de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva mantendrán su vigencia hasta su conclusión. En ningún caso, dicha vigencia, podrá ser superior al período de UN (1) año a contar desde la entrada en vigencia del presente decreto. Las entidades aseguradoras que se encuentren autorizadas a operar en el ramo, que así lo requieran expresamente y cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación, podrán utilizarlibremente los planes, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales que sean aprobados con carácter general y uniforme por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 

Art. 14. — El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 15. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino.

ANEXO I 

COMISION TECNICA DE EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES 

Acciones: 

a) Asistir en la elaboración de las pautas metodológicas y procedimientos aplicables para acreditar el estado del ambiente al momento de la constitución de la garantía financiera; 

b) Elaborar guías técnicas que permitan orientar a las jurisdicciones locales, al Poder Judicial y al sector privado sobre la evaluación de riesgo por daño ambiental y sobre las acciones necesarias para sanear y disminuir el riesgo conforme con los usos definidos; 

c) Asesorar y asistir en materia de riesgos ambientales, recomposición, mitigación y compensación del daño ambiental y sobre mecanismos financieros para afrontar sus costos; 

d) Desarrollar capacidades y difundir información para la prevención de riesgos ambientales;  

e) Elaborar estudios sobre implantación de análisis de riesgos ambientales y sistemas de gestión de tales riesgos, sobre las ejecuciones de planes de remediación de daños ambientales y la evolución del mercado de las garantías financieras en el campo ambiental

; 

f) Analizar adecuaciones y/o actualizaciones de los lineamientos establecidos en el artículo 2° del presente decreto; 

g) Asistir y asesorar en el diseño de las coberturas elaboradas por la 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION; 

h) Elaborar estudios para la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las aseguradoras que comercializan seguros ambientales; 

i) Desarrollar cualquier otra actividad de intercambio de información o asesoramiento en cuestiones relacionadas con la materia regulada en el presente decreto que le sean encomendadas.

Novedades legislativas, residuos industriales no especiales, OPDS

Resolución N° 146/2012.

---

LA PLATA

 

VISTO el expediente 2145-24989/12, la Constitución Provincial, la Ley Nacional N° 25.675, las Leyes Provinciales N° 13.592 y N° 13.757, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 28 de la Constitución Provincial establece el derecho para todos los habitantes de esta provincia, a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras;

Que la Ley N° 13.757 crea el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible estableciéndolo como Autoridad Ambiental en la Provincia de Buenos Aires;

Que en ese carácter está facultado para intervenir en los procedimientos de prevención, determinación, evaluación y fiscalización en materia de residuos, sin perjuicio de las competencias asignadas en las leyes especiales;

Que, por lo tanto, es competente para determinar el alcance de las definiciones legales y establecer pautas para una adecuada gestión de las distintas clases de residuos existentes;

Que la Ley N° 13.592 regula lo atinente a la gestión de los residuos sólidos urbanos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;

Que de acuerdo a lo establecido en su artículo 2º, los residuos sólidos urbanos son aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados producto de actividades realizadas en los núcleos urbanos y rurales, comprendiendo aquellos cuyo origen sea doméstico, comercial, institucional, asistencial e industrial no especial asimilable a los residuos domiciliarios;

Que entre esos residuos se encuentran los residuos industriales no especiales y los derivados de la construcción y demolición;

Que los residuos industriales no especiales son aquellos elementos, objetos o sustancias generados por la actividad industrial que no se encuentren alcanzados por el régimen legal establecido por las Leyes Nº 11.720, N° 11.347, ni los residuos radioactivos;

Que por sus características particulares en torno a la posibilidad de aprovechamiento y a su volumen, los residuos industriales no especiales deben ser objeto de una gestión diferenciada de los restantes sólidos urbanos;

Que esta posibilidad de recuperación y aprovechamiento que tienen los residuos industriales no especiales permite disminuir el volumen de residuos que iría a disposición final;

Que actualmente en la Provincia de Buenos Aires existen tecnologías acordes para el tratamiento de los residuos industriales no especiales que han sido aprobadas por esta Autoridad Ambiental;

Que los residuos derivados de la construcción y demolición son aquellos elementos, objetos o sustancias generados en construcciones y/o demoliciones;

Que por su volumen y ritmo acelerado de generación, los residuos derivados de construcciones y/o demoliciones ocupan gran superficie a la hora de ser dispuestos finalmente;

Que la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado -CEAMSE- atraviesa una situación crítica en cuanto a su capacidad remanente para recibir residuos en el relleno sanitario denominado Norte III, contando, en la actualidad, con una capacidad operativa limitada;

Que la sustentabilidad y vida útil de un relleno sanitario depende de la cantidad y calidad de los residuos en él depositados, motivo por el cual resulta imprescindible que no se envíen al CEAMSE residuos industriales no especiales sin que hayan sido previamente tratados por operadores debidamente habilitados por esta Autoridad Ambiental, ni residuos derivados de la construcción y demolición;

Que la procedencia del principio preventivo previsto en la Ley Nacional N° 25.675 y en la Ley Provincial N° 13.592, deviene incuestionable a fin de contrarrestar los efectos lesivos que ha comenzado a originar una determinada actividad, con el fin de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo;

Que la restricción propiciada garantiza mayor vida útil del relleno en cuestión, lo cual beneficia en forma directa la disposición final de los municipios que actualmente trabajan con el CEAMSE, dado que limitando el tipo de residuos que ingresan se reduce la cantidad de residuos para disposición final; 

Que tomó intervención Asesoría General de Gobierno;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 32 de la Ley Nº 13.757;

Por ello,

 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO

DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º. Establecer que los residuos industriales no especiales no podrán ser enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) sin tratamiento previo a partir de la notificación de la presente resolución.

Se entiende por residuos industriales no especiales a aquellos elementos, objetos o sustancias generados por la actividad industrial que no se encuentren alcanzados por el régimen legal establecido por las Leyes Nº 11.720, N° 11.347, ni los residuos radioactivos.

 

 

ARTICULO 2º. Establecer que los residuos provenientes de construcciones y/o demoliciones no podrán ser enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) a partir de la notificación de la presente resolución.

Se entenderá por residuos provenientes de construcciones y/o demoliciones aquellos elementos, objetos o sustancias generados en una obra de construcción y/o demolición.

 

 

ARTICULO 3°. El tratamiento previo a que alude el artículo 1° de la presente deberá ser efectuado por operadores debidamente habilitados por esta Autoridad de Aplicación.

 

 

ARTICULO 4º. Registrar, notificar al CEAMSE, publicar, dar al Boletín Oficial y al Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires (S.I.N.B.A.). Cumplido, archivar.

El DPA relativizó la contaminación

(Fuente: RioNegro.com.ar)

VIEDMA (AV).- El Estado provincial debe hacerse cargo del pasivo ambiental pero en el caso de la ex Indupa no es prioridad porque no es un factor contaminante en estos momentos, afirmó el superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Juan Gardes.

A su criterio, los barros contaminados deben tener una solución, pero "es un tema que requiere dinero, y la prioridad se da en tanto demuestre que perjudica directamente la salud".

Respecto de la cuestión puntual del hallazgo de metales pesados, indicó que el sedimento "no influye en la circulación de agua por el canal principal".

Gardes consideró que los mismos estudios de medición debería hacerse con el canal funcionando, lo cual nos preocupa si existen fuentes contaminantes cuando circule el agua.

Señaló que las mediciones de caudales "no dan valores de alarma" aunque aclaró que la fuente contaminante se está dando por la basura acumulada que se vuelca al sistema de riego, en general, lo cual "sí tiene prioridad para resolver con los municipios".

El funcionario reafirmó que la mayoría de los metales pesados que se encuentran en sedimento, en ese sector del Alto Valle, guardan relación directa con basura domiciliaria y con alta presencia de asentamientos urbanos legales e ilegales, en inmediaciones de sistemas de riego.

Reconoció el pasivo ambiental señalado por Neil Ward, autor del trabajo difundido por Río Negro". Sin embargo aclaró que "no están originados en la industria que está en funcionamiento actualmente. De todos modos, "no medimos nosotros ese barro contaminante" indicado en la investigación del científico, sino que "lo hacemos sobre las aguas para evitar que estén contaminadas", aclaró.

El DPA, como ente que debe controlar el estado del recurso hídrico en efluentes industriales, sostiene que en forma periódica se realizan monitoreos sobre la calidad en esa zona del canal principal. Gardes precisó que unos 30 técnicos suelen estar afectados a este tipo de operativos.

Puntualizó que "si se mide el 'encharcado' la concentración de sedimento será mucho mayor que lo que lleva el canal con 72 metros cúbicos por segundo". Sostuvo que "la medición sistemática en el agua y no en el sedimento da que los valores están por debajo de lo permitido por las normas internacionales".

Aun así tuvo una opinión favorable sobre que convendría retirar los desechos en el marco de una remediación del complejo industrial cerrado.

Primeras condenas por fumigar con agroquímicos en América Latina 

(Fuente: La Nación)

Ayer, después de tres meses y de varias horas de espera, se conoció la sentencia a dos productores y a un aeroaplicador por fumigar con agroquímicos en el barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba. El productor Francisco Rafael Parra fue declarado como autor responsable del delito de contaminación continuada bajo la Ley de Residuos Peligrosos, por lo que recibió tres años de prisión condicional. Una pena igual recibió el aeroaplicador Edgardo Pancello, por ser declarado coautor responsable. Como ya estaba previsto, porque la fiscalía no había pedido condenas, fue absuelto el productor Jorge Alberto Gabrielli.

Pero qué nos deja esta condena: lo primero y más destacable es que se trata del primer proceso de este tipo en América latina. Además la justicia entendió que las fumigaciones cerca de poblados son delito. Los vecinos recibieron la decisión del tribunal con amargura, los condenados además no irán a prisión sino que tendrán que cumplir trabajo comunitario. La defensa adelantó que recurrirá a Casación por la sentencia.

Más allá de la cuestión formal también quedó claro que lo que se discute de fondo es el modo de producción y el uso de agroquímicos como el glifosato y el endosulfán (que tiene pedido de prohibición por parte de la ONU). Mi colega de Página/12 Darío Aranda escribió y cubrió acabadamente el proceso y me permito citar una de sus notas:

“Cincuenta millones de toneladas, diecinueve millones de hectáreas y, al menos, 190 millones de litros de agrotóxico. Sólo algunas de las cifras que estarán presentes en el juicio oral que explicitará las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del modelo agropecuario actual que tiene a soja transgénica como principal cultivo.

“Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales y cuentan con el apoyo de grandes medios de comunicación”, alertó Sofía Gatica, de la organización Madres de Ituzaingó, pioneras en la lucha contra las fumigaciones e impulsoras de la denuncia”.

La  causa madre que se instruye por los casos de víctimas fatales todavía no está concluida y sería sometida a juicio el año próximo. No obstante, durante las audiencias, la Fiscalía expresó que hasta 2010 en ese barrio se constataron 169 casos de cáncer y más de 30 muertes por esa enfermedad.

Contaminación de la Cuenca del Salí: sancionan a varios ingenios tucumanos

El Defensor del Pueblo de Santiago dijo que más del 50% de las industrias está haciendo las inversiones para reducir el impacto ambiental.

Varios ingenios tucumanos fueron sancionados luego de la última inspección realizada por el Comité de Cuenca Salí-Dulce durante los últimos días, confirmó el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával. Según el funcionario, se detectaron varias anomalías, de las cuales siete derivaron en multas o suspensiones.

Según Achával, de los 11 ingenios que producen bioetanol se verificó que más del 50% está haciendo las inversiones necesarias para la ejecución de las obras del vinazoducto. “Se pretende que aquel que no lo haga, no pueda producir en 2013”, afirmó y adelantó que próximamente se implementará un acuerdo para el monitoreo de la cuenca Salí-Dulce, también por la noche, ya que actualmente se realiza de día.

Díaz Achával aseguró que “el sistema funciona lo suficientemente bien para determinar cualquier alteración química de las aguas, y el resultado está a la luz pública: donde desde hace un año no se registra mortandad de peces, ni se observan manchas en el embalse de Río Hondo”.

En declaraciones a la prensa reproducidas por el diario El Liberal, el Ombudsman señaló que “desde principio de año se vienen desarrollando inspecciones permanentes a 11 ingenios (que fueron visitados 6 veces cada uno) y monitoreos de afluentes, de lunes a lunes, con cuatro equipos de trabajo, recorriendo hasta 500 km por día en Tucumán”.

Publicado el 21 de Agosto de 2011 por: www.eldiario24.com 

Residuos Especiales, prórroga para la presentación de la declaración jurada anual. Res OPDS N°167/2012

OPDS, Prórroga para la presentación de la Declaración Jurada Anual de Residuos Especiales 

Resolución 167/2012 

Provincia de Buenos Aires

Publicación B.O.: 09/08/2012 

La Plata, 30 de julio de 2012. 

VISTO: 

El expediente Nº 2145-25534/12, lo regulado por las Leyes Nº 11.720 y Nº 13.757, los Decretos Nº 806/97 y su modificatorio Nº 650/11 y la Resolución de la ex Secretaría de Política Ambiental Nº 593/00 y Resolución Nº 132/10, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, sucesor institucional de la ex Secretaría de Política Ambiental, ejerce la autoridad de aplicación en materia ambiental en la Provincia de Buenos Aires; 

Que, el artículo 8º del Decreto Nº 806/97 y su modificatorio Nº 650/11, reglamentario de la Ley Nº 11.720, establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada a efectos de obtener el Certificado de Habilitación Especial; 

Que mediante la Resolución de la ex Secretaría de Política Ambiental Nº 593/00 se aprobaron los formularios correspondientes a la nota de solicitud de renovación del certificado de habilitación especial, resumen de operaciones y registro de operaciones de residuos especiales; 

Que la citada Resolución establece como plazo máximo para la presentación de la declaración jurada establecida en el artículo 8º del Decreto Nº 806/97 el 31 de julio de cada año; 

Que la Resolución Nº 132/10 estableció en su Art. 2º que los formularios creados y aprobados por las Resoluciones de la ex Secretaría de Política Ambiental Nº 593/00, Nº 797/00 y Nº 1.408/00 y sus modificatorias, deban ser generados en el sitio web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible; 

Que, con motivo de la nueva normativa dictada en esta temática se ha producido un considerable aumento de presentaciones de declaraciones juradas de generadores de residuos especiales, como así también ciertas demoras en la adaptación al nuevo sistema de declaración jurada vía web; 

Que resulta imprescindible, asegurar a los administrados el derecho a presentar en tiempo las obligaciones requeridas por esta Autoridad de Aplicación; 

Que por lo expuesto y ante el inminente vencimiento del plazo de presentación de la Declaración Jurada de Residuos Especiales del corriente año, resulta necesaria su prórroga de manera excepcional y por única vez; 

Que la presente se dicta en virtud a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 13.757; 

Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º- Prorrogar la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada establecida en el artículo 8 del Decreto Nº 806/97 y su modificatorio Nº 650/11, correspondiente al año 2012, hasta el día 17 de agosto de 2012, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

ARTICULO 2º- Vencido el plazo de presentación, este Organismo Provincial procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del Decreto Nº 806/97 y su modificatorio Nº 650/11, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan en virtud a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nº 11.720. 

ARTICULO 3º- Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al Sistema de Información Normativa de la Provincia de Buenos Aires (S.I.N.B.A.). Cumplido, archivar. José Manuel Molina, Director Ejecutivo. C.C. 7.906 

Fuente: Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable