Ordenan frenar la construcción de dos barrios cerrados en Tigre
Lo dispuso la jueza Arroyo Salgado hasta que se revise el impacto ambiental que pueden generar los desarrollos inmobiliarios en la zona norte
La Justicia puso
la lupa sobre los countries y su impacto ambiental. En un fallo del fuero
federal se impone a los municipios de la zona norte del conurbano bonaerense y
al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) revisar los
permisos para nuevos desarrollos y determinar su impacto ambiental y los
efectos "acumulados" de las construcciones en su conjunto.
La medida además ordena detener
los trabajos de Venice, Ciudad Navegable, y que no empiece el proyecto Remeros
Beach, ambos en Tigre.
La jueza federal de San Isidro,
Sandra Arroyo Salgado, también ordenó al OPDS y a las municipalidades de
Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz,
Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar,
Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco que "hasta tanto el tribunal
cuente con las conclusiones del estudio pericial acumulativo ordenado y se
disponga lo contrario, se abstengan de autorizar la construcción de
emprendimientos o ampliaciones de los existentes que impliquen una o más tareas
de endicamiento, embalses y/opolders, dragados, refulados, excavaciones,
creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas,
desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y
cursos de agua o ambientes isleños". Esos distritos abarcan la planicie de
inundación del río Luján y del delta del Paraná.
Los responsables del
emprendimiento Venice, que debe ser precintado por la Prefectura, según ordenó
la jueza, emitieron un comunicado: "El proyecto que TGLT y Metro 21
codesarrollan en el casco urbano de Tigre comunica que cuenta con las
habilitaciones y permisos pertinentes, por lo que confía en que la situación
será resuelta a la mayor brevedad posible". La decisión judicial se suma a
la de Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín, que ordenó a TGLT
entregar estudios técnicos de la construcción de Venice a partir de una acción
judicial patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que
reclama desde hace casi dos años la urbanización e integración sociourbana del
barrio Garrote, lindero al emprendimiento.La intervención del CELS se dio ante
la preocupación de que los vecinos de Garrote, unas 800 familias, tuvieran
riesgos de habitabilidad por los rellenos y obras del country.
La obra de Venice está
avanzada. Es un proyecto de 32 hectáreas con un puerto deportivo, y marinas y
canales que simulan ser Venecia. "Hay una convergencia de fallos que ponen
en evidencia las debilidades del sistema de gestión territorial que se aplica y
la falta del ejercicio del poder de policía de la provincia en los
emprendimientos que aprueban este y otros municipios. El fallo es muy
auspicioso. Recomienda revisar los procedimientos de aprobación en
humedales", explicó Patricia Pintos, geógrafa e investigadora del Centro
de Investigaciones Geográficas (CIG), que entiende que en los últimos años es
la sociedad civil la que se moviliza por conflictos ambientales y es la
Justicia la que reacciona.
Venice, en Solís y el río, y
Remeros Beach, junto al Camino de los Remeros, son dos de los desarrollos más
importantes de la zona. Según un relevamiento hecho por Pintos, hasta diciembre
de 2014 se registraron 66 urbanizaciones en 9200 ha de humedales en la cuenca
baja del Luján, que incluye Pilar, Campana, Escobar y Tigre.
La obra de Remeros Beach no
había comenzado. El proyecto consta de una laguna de 3,5 hectáreas rodeada por
tres barrios residenciales que abarcarán unas 17 hectáreas. En una audiencia
pública, la preocupación de vecinos de la zona fue el impacto ambiental de
posibles endicamientos, polders y otras
obras que dificultarían el escurrimiento de agua.
Guillermo Tella, director de
Urbanismo de la Universidad de General Sarmiento (UNGS), aporta más cifras del
crecimiento de este tipo de proyectos: "En la región metropolitana, 400
km2, el doble de la superficie de la Capital, están destinados a urbanizaciones
cerradas. Esto altera la topografía creando un microhábitat que disfruta un
grupo selecto de personas en detrimento de las poblaciones más vulnerables".
Y agregó: "El fallo de Arroyo Salgado es necesario para poner cierto
orden. Pone en evidencia el proceso de mercantilización de la periferia
urbana".
Javier Corcuera, secretario de
Ambiente de Pilar, que lleva adelante el proceso Diálogos Hídricos -por el cual
varios countries deberán ayudar a mitigar las consecuencias de las lluvias y el
desborde de ríos y arroyos-, está de acuerdo con el fallo. "Es una señal
sana para la sociedad, pero desde el Ejecutivo tenemos que dar las herramientas
para ser quienes estemos a cargo de esta tarea", indicó. Corcuera se ha
reunido con 12 countries para trabajar en la mitigación de impactos negativos
de los desarrollos.
En el municipio de Tigre no
quisieron hacer declaraciones. Ante la consulta de LA NACION indicaron que
acatarán el fallo y trabajarán con el OPDS. En el organismo provincial
bonaerense dijeron que no fueron notificados oficialmente, aunque se trabajaba
ayer para comenzar con el proceso de relevamiento de municipios, que demandaría
varios meses.
Fuente: La Nación